Esta investigación parte de información documental a la cual CAJA NEGRA tuvo acceso, en la que se demuestra que Ruth Eleonora López Alfaro, quien ha querido ser mostrada como mártir de una supuesta persecución política, realmente fue una funcionaria de confianza del FMLN, pieza clave de una trama de corrupción más grande en la cual recibió depósitos injustificados por parte de sus colaboradores, pagó sus deudas y hasta compró inmuebles con dinero del cual se desconoce su procedencia.
Ruth Eleonora López Alfaro, mano derecha de Eugenio Chicas mientras fungió como magistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y como secretario de Comunicaciones de la Presidencia, enfrenta un juicio por enriquecimiento ilícito.
En noviembre de 2024, Chicas y su familia fueron condenados a devolverle al Estado más $202 mil. Además, el también exdiputado por el FMLN fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años. En el proceso, a Chicas se le señalaron más de diez irregularidades patrimoniales, relacionados con depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y compra de bienes.
Según la información obtenida, durante las investigaciones del Caso Chicas se determinó que Ruth López Alfaro tuvo una participación activa en la sustracción de fondos públicos que realizó el exfuncionario, durante el ejercicio de sus diferentes cargos.
En la documentación se detalla que López Alfaro también registró un incremento injustificado de patrimonio superior a los $170 mil, entre depósitos bancarios y pagos en efectivo, así como compra de propiedades. Un comportamiento que replica y complementa a la estructura de Eugenio Chicas.
En los documentos, se expone que mientras López Alfaro desempeñó cargos como empleada de confianza del FMLN en el TSE, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Superintendencia de Competencia (SC), devengó salarios por un total de $300,476.90. Sin embargo, la documentación revisada expone una serie de operaciones financieras para las que no hay explicación legal sobre la procedencia de los fondos.
Actualmente, el caso se encuentra en etapa de “Instrucción” (investigación), luego que el Juez 12° de Paz de San Salvador conociera el requerimiento fiscal el 4 de junio de 2025, y decretara la detención preventiva.
$88,000 en depósitos de origen desconocido
Mientras López Alfaro fue empleada de confianza de Eugenio Chicas y Salvador Sánchez Cerén, sus cuentas tuvieron ingresos en efectivo por más de $51 mil, de los cuales de los que se desconoce su origen. Más de $28 mil fueron ingresados por la misma López Alfaro a sus cuentas.
Otro monto relevante fue depositado por personas que, al momento de hacer las operaciones, laboraban en el TSE. El efectivo fue ingresado por José Ramiro Alas ($3,500), Yuri José Hernández Rodríguez ($820), Agustín de Jesús Galdámez Álvarez ($810.00), Rubén Atilio Meléndez García ($411.56) y Malcolm Rafael Cartagena ($400). En total, introdujeron $5,941.56 en las cuentas de Ruth López Alfaro, sin existir una justificación legal para ello.
Según la documentación, además de los depósitos hechos en efectivo, la exasesora de Eugenio Chicas recibió depósitos desde otras cuentas bancarias por un monto superior a los $37 mil, sin existir una justificación legal que explique las mismas. Estas operaciones tampoco cuentan con la documentación, emitida por las entidades financieras, que certifiquen el origen de los fondos.
Pago de deudas en efectivo por $61,000 de origen desconocido
López Alfaro pagó diferentes deudas con dinero en efectivo del que se desconoce su origen. Según la información del caso, los pagos en efectivo superan los $58 mil. De estos, $35 mil fueron usados para pagar préstamos bancarios. En la documentación resalta el pago que Ruth Eleonora López hizo, por $32 mil en efectivo (de origen desconocido) al Banco Agrícola, en enero de 2018, correspondiente a un préstamo con esta institución (No. 8091681898) por $60 mil.
La documentación también señala que, la mano derecha de Eugenio Chicas y designada por Sánchez Cerén a la SC usó más de $23 mil en efectivo, del que se desconoce su origen, para el pagar deudas en tarjetas de crédito.
Adicional a todo lo anterior, en la documentación se sostiene que López Alfaro realizó pagos por $3,109.97 al Banco Promerica, correspondiente a un crédito con dicha entidad (No. 50015851), por medio de cheques ajenos de los que también se desconocen el origen de sus fondos. Los cheques ajenos son medios de pago que son cobrados por un beneficiario diferente al que el librador (quien extiende el cheque) define al momento de crearlo; pero al estar endosado, es posible que otra persona (diferente al beneficiario original) pueda cobrarlo.
Compras de inmuebles
A penas a cuatro años de haber vuelto a El Salvador, el 28 de enero de 2012, cuando se desempeñaba como asesora del Eugenio Chicas, Ruth López Alfaro compró una propiedad (matrícula No. 75060652-00005) en la Isla El Espino, ubicada en el ahora Distrito de Jucuarán, Municipio de Usulután Este (Usulután), por un precio de $8,500. Sin embargo, según sus registros bancarios, López Alfaro no tenía fondos suficientes para realizar esa compra; tampoco se registran otros movimientos que indiquen el origen de los fondos con los que realizó esta compra.
En 2016, cuando se desempeñaba como Asesora de Logística y Administración de la Dirección General del ISSS, realizó la compra, en conjunto con Louis Elain Benavides Monterrosa, del inmueble Lote No. 14, Residencial Colonia San Francisco (matrícula No. 60272180-00000), por un precio de $165,000.
De acuerdo a la información vinculada al caso, para esta operación, López Alfaro realizó un préstamo por $148,500, en el Banco Agrícola. Sin embargo, sus cuentas no registran otros retiros o movimientos que explique el origen de los restantes $16,500.
¿Quién es Ruth Eleonora López?
Ruth Eleonora López es una abogada salvadoreña, graduada de Licenciada en Ciencias Jurídicas la Universidad de La Habana. Además, cuenta con dos maestrías, una en Derecho Societario y otra en Derecho Electoral. Su trayectoria profesional, en el país, está íntimamente ligada al partido FMLN.
Aunque nació en El Salvador en 1977, su familia salió del país hacia Nicaragua en 1980, cuando recién había llegado al poder, por la vía armada, el Frente Sandinista (FSLN). En 1992, su familia partió a Cuba, donde vivió por 16 años.
En 2008 volvió a El Salvador; y en julio de ese mismo año empezó a trabajar en el TSE, como “Asesor Jurídico de Despacho” del entonces magistrado Eugenio Chicas, quien había sido diputado por el FMLN en la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano.
Hasta 2026, el marco legal salvadoreño establecía que la máxima autoridad del TSE, conformada por cinco magistrados, se componía por tres integrantes propuestos por los partidos políticos con mayor caudal de votos en la última elección presidencial.
Desde su llegada al país, López Alfaro formó parte del círculo de confianza de Eugenio Chicas. Lo acompañó durante toda su trayectoria dentro del TSE, tanto como magistrado propietario, como presidente del mismo. Según la documentación revisada, López Alfaro dejó el TSE el 28 de julio de 2014, cuando concluyó el período de Chicas. Al día siguiente, fue contratada como “Asesor de Logística y Administración”, en la Dirección General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), cargo que desempeñó hasta junio de 2019.
En paralelo con este último cargo, López Alfaro fue directora propietaria del Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (SC), desde el 3 de septiembre de 2014 al 20 de marzo de 2021. Es decir, Ruth López Alfaro tuvo dos fuentes de ingresos provenientes del gobierno. Uno en concepto de salario por la plaza que ocupó en el ISSS y otro como “dieta”, es decir una “compensación económica” por asistir a las reuniones o consejos de la entidad. López Alfaro fue designada a la SC de manera directa por el expresidente, Salvador Sáchez Cerén, por un período de cinco años (2015-2020). Sin embargo, López Alfaro continuó hasta marzo de 2021. Después de 13 años de vivir en el país como empleada de confianza del FMLN, en 2021, Ruth López ingresó a la organización Cristosal.
Un cambio de look y el fin de la primavera de las oenegés
Después de expresar su descontento con las decisiones tomadas por la entonces recién electa Asamblea Legislativa, en mayo de 2021, la administración del demócrata Joe Biden, a través de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) anunció que retiraría fondos de apoyo para la Policía Nacional Civil (PNC) y la FGR, entre otras instituciones públicas salvadoreñas. En su lugar, anunciaron que destinarían esos fondos a “promover la transparencia” y “combatir la corrupción” apoyando “iniciativas de la sociedad civil”.
Ese mismo año, 2021, Ruth Eleonora López Alfaro, que durante los gobiernos del FMLN había tenido cargos de confianza en el TSE y el ISSS, fue contratada por Cristosal como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia. En un abrir y cerrar de ojos, López Alfaro pasó de ser una empleada pública vinculada a figuras altamente cuestionadas a ocupar una vocería en la “sociedad civil” preocupada por el rumbo del país.
En esa época, coincidieron en la organización otras figuras también ligadas al FMLN, como el exprocurador para la Defensa de Derechos Humanos, David Morales; y Zaira Navas, quien fue inspectora General de la Policía Nacional Civil, en el Gobierno de Mauricio Funes, y directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), durante la administración de Salvador Sánchez Cerén.
Solo en 2024, según información publicada en el sitio web foreignassistance.gov, Cristosal recibió $2 millones de USAID para la actividad “Agenda Común para la Democracia”. El portal reporta el 20 de marzo de 2026 como la fecha de finalización de la actividad.
En América Latina, diferentes estudiosos han criticado el fenómeno de la multiplicación de las oenegés. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son una zona gris, en la mayoría de países. A diferencia de la figura legal de Sociedad de Anónima de Capital Variable (por sus siglas S.A. de C.V.), las ONG no tienen como fin el lucro o el reparto de utilidades, como sí lo tiene una empresa.
En El Salvador, si bien el término “organización” puede tener una connotación que refiera a colectivos amplios o aglutinación de muchas personas o grupos, las organizaciones, u oenegés, como son mejor conocidas, funcionan en la práctica como empresas. Un grupo de profesionales con experticias particulares (y en ocasiones, muy especializados) oferta una propuesta para competir por una licitación, o proyecto. De cumplir con los términos y condiciones de los cooperantes, la ONG gana un contrato para implementar el proyecto apegado a la agenda del cooperante.
Posturas críticas a este funcionamiento, además de señalar la vigilancia laxa que los Estados han tenido sobre el uso de la figura de las ONG como una fachada para simular realización de proyectos, o para ocultar una dinámica empresarial dentro de ellas, también, cuestionan sobre su incidencia real en las necesidades de los territorios donde operan. Sonia E. Alvarez, politóloga brasileña-estadounidense, sostiene que las ONG ya no responden a bases sociales históricamente marginadas o en vulnerabilidad, ahora su única preocupación es responder a la agenda de los cooperantes para así recibir financiamiento.
En el sistema de cooperación Internacional, la USAID ha sido el mayor financista a nivel global. Sin embargo, con la llegada del presidente Donald Trump la cooperación de los Estados Unidos experimentó un giro drástico. Luego de congelar el presupuesto de USAID en enero de 2025, en marzo, su secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que, tras una revisión exhaustiva, se recortaría el 83 % de su presupuesto. Los fondos restantes fueron trasladados al Departamento de Estado, para continuar el desarrollo de sus programas de cooperación. En julio de 2025, finalmente, la USAID fue disuelta.
“Los únicos que vivían bien eran los directivos de las innumerables ONG, que a menudo, disfrutaban de un estilo de vida de cinco estrellas financiado por los contribuyentes estadounidenses, mientras que aquellos a quienes supuestamente ayudaban se quedaban cada vez más rezagados”, señaló Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, en una declaración escrita.
“Con demasiada frecuencia, estos programas promovían ideales y grupos antiestadounidenses (…) desde la ‘determinación, equidad e inclusión´ a nivel global, la censura y las operaciones de cambio de régimen”, añadió.
Cristosal fue fundada en 2001 por el obispo Episcopal Anglicano, Martín Barahona, y el sacerdote episcopal de Vermont, Richard Bower. Originalmente, estaba orientada a dar acompañamiento pastoral y apoyo en el desarrollo rural a comunidades vulnerables.