La investigación patrimonial que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizó en 2017 sobre Ana Vilma Albanez de Escobar, exvicepresidenta en el período de Antonio Saca —el último presidente de ARENA—, exlegisladora del partido tricolor y pieza clave del conglomerado empresarial Grupo Roble, pasó de acumular observaciones por $11.6 millones pendientes de justificar a mantener solo $109,480.
¿Pero qué hubo detrás de esta exoneración? Esta es la historia sobre cómo la exdiputada acordó por la vía política la eliminación de los hallazgos de su auditoría, echando mano de su vinculación con un grupo empresarial importante en el país.
Los señalamientos de la auditoría inicial, a julio del 2017, comprendían depósitos bancarios, adquisición de inmuebles y vehículos, pagos de tarjetas de crédito, depósitos del partido ARENA por reintegros relacionados a campaña proselitista y diferencias entre los ingresos y egresos del grupo familiar. Sin embargo, estos fueron drásticamente reducidos tras la valoración de la documentación presentada por la exfuncionaria (adendas) en 2019.
Fuentes vinculadas a estos procesos señalaron a este medio que esta misma dinámica para eliminar hallazgos existentes se dio con un grupo de exdiputados y exfuncionarios de Gobierno que llegaron a un acuerdo con autoridades de la CSJ, en los años en que la Sección de Probidad estaba dirigida por Carlos Rafael Pineda, un abogado y pastor evangélico que posteriormente fue candidato a integrar la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
El acuerdo—confirmado por al menos cuatro fuentes coincidentes— estableció la absolución de al menos tres exdiputados, incluyendo a de Escobar, a través de un ejercicio de lobby con Pineda y la Sección de Probidad de la CSJ, que en aquel momento estaba conformada por los magistrados: Oscar López Jerez, Leonardo Ramírez Murcia, Sergio Luis Rivera Márquez, Paula Velásquez y Carlos Calderón.
Caja Negra confirmó que a la exparlamentaria le fue asignado un extenso equipo de auditores privados que analizó certificaciones bancarias, escrituras públicas, declaraciones juradas, registros societarios, constancias de dividendos y otros movimientos financieros, con los que se desvaneció la mayor parte de las observaciones contenidas en el informe preliminar.
En último término, la Sección de Probidad concluyó que el grupo familiar contaba con una disponibilidad patrimonial favorable de $4,121,739, suficiente para absorber la diferencia observada y ser exonerada de un juicio por enriquecimiento ilícito por el pleno de la CSJ.
Dicha resolución fue llevada al pleno de la CSJ el 26 de marzo del 2019. Según consta en el acta, en la discusión sobre la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito hubo opiniones encontradas. De hecho en dicha sesión de Corte Plena, se provocó una primera votación para enviar a juicio a la exvicepresidenta de la República, la cual únicamente contó con el respaldo de cinco de quince magistrados. Inmediatamente a esa votación, nueve magistrados votaron a favor de eximir de responsabilidad a la exfuncionaria.
Entre los magistrados que exoneraron a Ana Vilma de Escobar con su voto se encuentran: Oscar López Jerez, Carlos Calderón, Marina de Jesús Marenco, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez, Oscar Armando Pineda Navas, Elsy Dueñas, Sergio Luis Rivera Márquez y Roberto Argueta Manzano.
Parte de la documentación aceptada por Probidad y admitida por el pleno de la Corte correspondía a dividendos empresariales, operaciones societarias y otros movimientos financieros relacionados con las empresas y el patrimonio de su esposo, Carlos Patricio Escobar, un ejecutivo de alto rango dentro de Grupo Poma.
El informe preliminar con el hallazgo de las irregularidades encontradas en el patrimonio de la exfuncionaria y su familia detalla abonos de cheques y certificados de inversión con grupos como Metrocentro S.A. de C.V., Inversiones Roble S.A. de C.V., Hoteles, S.A. de C.V., entre otros. En algunos casos, las cantidades superan los $300,000 por operación. Finalmente, estos montos no fueron tomados en cuenta en la resolución final del caso.
Depósitos, pagos de tarjetas y compras
Durante el período en que Ana Vilma Albanez de Escobar ejerció la Vicepresidencia de la República (2004-2009), la Sección de Probidad identificó $1.1 millones en depósitos y pagos a cuentas bancarias cuyo origen o destino—antes de las correcciones que Probidad hiciera al informe preliminar— no pudieron establecerse. Las operaciones comprendían movimientos en cuentas del Banco Agrícola, Banco Cuscatlán, Banco de América Central e inversiones bursátiles de Credomatic.
A ello se sumaron $27,396 en pagos de tarjetas de crédito realizados durante el mismo período, de los que la investigación señaló que no existía documentación suficiente para determinar el origen de los fondos utilizados para cancelar esas deudas.
Entre los depósitos realizados por de Escobar hay cheques a nombre del partido ARENA, destinados para campaña electoral presidencial en 2004, con montos de $8,000 durante al menos tres meses. Además, destaca también la compra de un vehículo blindado —hecha a ese mismo instituto político— por un valor de $17,000 en octubre de 2009, cuando ya había cesado en sus funciones como vicepresidenta de la República.
Otros hallazgos apuntan a la adquisición de un inmueble, a nombre de Carlos Patricio Escobar, ubicado en Condominio Costa Real, Resort & Villas, Boulevard Costa del Sol, Edificio “8”, séptimo nivel Apartamento 3-704, San Antonio Los Blancos, San Luis La Herradura, La Paz, con un área de 263.24 m², área de volumen de 605A5mg, inscrito bajo Ia Matricula 55084496-AOOS6. La propiedad fue comprada el 20 de febrero de 2009 a la SOCIEDAD INVERSIONES ROBLE, S.A DE C.V., por el precio de $252,478.37.
La mayoría de los depósitos realizados por Carlos Patricio Escobar son de orígenes desconocidos. Además, en muchos de ellos, no se tenía un motivo específico de los mismos, según consta en el informe de Probidad.
El informe también cuestiona la compra de vehículos durante el ejercicio del cargo. En el expediente aparecen dos registros de una camioneta Toyota Hilux adquirida en mayo de 2006 por un valor conjunto de $45,816. La operación figura duplicada en el documento y, en ambos casos, se indicó que no fue posible vincular el pago con retiros bancarios del grupo familiar.
En materia inmobiliaria, Probidad cuestionó operaciones por $171,478. La cifra corresponde a la parte del precio de varios inmuebles cuyo origen de fondos inicialmente no pudo acreditarse, entre ellos la diferencia entre el valor de un apartamento adquirido en Costa del Sol y el crédito hipotecario utilizado para financiarlo, además de una inversión realizada mediante la sociedad Llama del Bosque.
Observaciones tras el cese de funciones
Además, la investigación determinó una diferencia negativa entre ingresos y egresos por $1,613,426, integrada por $14,577 correspondientes a Ana Vilma de Escobar y $1,598,849 atribuidos a su esposo, Carlos Patricio Escobar, un ejecutivo con fuerte influencia dentro del Grupo Poma.
Las observaciones continuaron después del cese en el cargo. Para el período posterior a la vicepresidencia, la Sección de Probidad identificó $3,046,628 en depósitos y retiros bancarios cuyo origen o destino inicialmente no pudo acreditarse. Las operaciones abarcan cuentas personales, inversiones a plazo y movimientos financieros de integrantes del grupo familiar.
Asimismo, se registra un monto de $56,586.12 en pagos posteriores de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios cuyo origen de los fondos fue observado en la auditoría patrimonial.
En cuanto a los vehículos adquiridos después de dejar la vicepresidencia, Probidad mantuvo observaciones por $84,863. La cifra corresponde a la parte no justificada de la compra de una Toyota Land Cruiser Prado y al valor íntegro de una segunda unidad adquirida ese mismo año.
La investigación también incluyó adquisiciones inmobiliarias posteriores al ejercicio del cargo. En ese apartado quedó observada una diferencia de $17,500, correspondiente a una parte del precio pagado por dos palcos y estacionamientos en el Estadio Cuscatlán cuyo origen de los fondos inicialmente no pudo acreditarse.
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Tabla 2
