Durante los gobiernos de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes hubo una entrega mensualizada de efectivo para varios periodistas de reconocidos medios nacionales, dinero que provenía de fondos públicos relacionados a la Partida Secreta de la Presidencia de la República. Esta compra de promoción directa con alrededor una decena de periodistas –pagada con dinero en efectivo– se dio durante al menos 10 años, como una transacción de voluntades alterna a la pauta gubernamental, a través de al menos tres operadores: el periodista fundador de Revista Factum, Héctor Silva Ávalos; el expresentador de noticias, Jorge Hernández; y el gestor político y amigo de Funes, Gerardo Cáceres.
Los casos de corrupción del expresidente Saca y Funes mostraron en los tribunales años atrás que algunos periodistas recibieron dinero en efectivo desde Casa Presidencial, pero Caja Negra consultó más de 600 páginas de documentos basados en relatos de personas que presenciaron los hechos descritos, los cuales revelan el método, las cantidades específicas y los acuerdos detrás de estos tratos con dinero en efectivo. Lo contenido en este reportaje, además, fue contrastado con fuentes relacionadas a cada uno de los eventos y con pruebas documentales de los resultados de los acuerdos políticos aquí descritos.
Silva Ávalos, Hernández y Cáceres tenían a su cargo un grupo de periodistas, de acuerdo a sus afinidades personales o coyunturas específicas. Ellos tres recibieron millones de dólares en efectivo desde Casa Presidencial para comprar las voluntades de los comunicadores.
Los relatos señalan que esta dinámica de compra de comunicadores fue una constante durante los Gobiernos de ARENA, que fue heredada por Funes al asumir la Presidencia.
En junio del 2004, el entonces presentador de noticias de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Jorge Hernández, fue llamado a Casa Presidencial. Fue atendido por el entonces Secretario Privado de la Presidencia –ahora sentenciado por corrupción– Elmer Charlaix, quien le dijo que “como un gesto” del Presidente Saca por haber apoyado la campaña presidencial y estar al frente de la empresa de comunicaciones más importante del momento iba a recibir una “bonificación” de unos fondos “destinados a la Gobernabilidad del país”.
Según le explicó Charlaix, estos fondos estaban orientados a lograr los objetivos de Gobierno y eran entregados a personas del sector privado, o de otros órganos de Estado, para lograr tener “balance” en el ejercicio del poder.
El Secretario Privado de Saca concluyó que la bonificación inicial para Hernández era de $4,000 mensuales. La cantidad dejó insatisfecho al exconductor de entrevistas, ya que en aquel momento los montos entregados a otros agentes privados rondaban los $10,000, lo que equivalía a un sobresueldo de ministro de la época.
Debido a que el expresentador no aceptó el trato, fue convocado una semana después al despacho presidencial. Allí, el mismo presidente Saca le aclaró –a través de algunas anotaciones– que lo destinado para él eran $10,000, por lo que concluyó que Charlaix se quería quedar con una parte del dinero a entregar.
Los documentos judiciales muestran que en aquel listado de personas que recibirían la misma cantidad de $10,000 durante el Gobierno de Saca se encontraban nombres como: el excanciller, Francisco Laínez; el exsecretario de Juventud, César Funes; el exministro de Seguridad, Rene Figueroa; el exsecretario Charlaix; y el operador político Herbert Saca.
El dinero que recibió Hernández fue entregado mes a mes durante el mandato de Saca por la secretaria de Charlaix, que los documentos judiciales señalan como “Suleyma”.
Hernández fue una persona clave en la campaña de Saca. Promovió su imagen con toda la operación de las televisoras, razón por la cual que –consta en los documentos– hubo intentos de nombrarlo como secretario Privado de Saca, gestión que no tuvo efecto.
Aparte del dinero mensualizado, el exconductor de entrevistas también recibió $35,000 en efectivo por parte de la Presidencia para la compra y blindaje de una Nissan Patrol, que le fue entregado por medio de Herbert Saca, en el autolote HS Imports, ubicado en el bulevar Constitución de la capital.
A parte de la difusión del mensaje oficial, Hernández tuvo a su cargo algunas gestiones de campaña y de manejo de crisis durante la Presidencia de Saca, esto como parte de su trabajo político vinculado a la bonificación que recibía mes a mes.
Elmer Charlaix confirmó en 2021, en su visita a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigaba sobresueldos, que el gobierno de Saca erogó millonarias cantidades a varios medios de comunicación escritos y televisivos con el fin de brindar apoyo al discurso oficial, entre ellos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.
Al inicios del año 2009, previo a la elección presidencial, Hernández recibió en su oficina al entonces candidato del FMLN, Mauricio Funes, quien le solicitó que intercediera con los medios para tener mayor visibilidad, pues ya contaba con cerca de $3 millones para pagar pauta.
La cena que cambió todo
Un día después de la elección presidencial del 15 de marzo del 2009, Hernández asistió a una cena en el lujoso restaurante Paradise, ubicado en ese entonces en la Zona Rosa. En la reunión, muestran los documentos, que asistieron el entonces presidente electo, Mauricio Funes; el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el exsecretario Privado de Funes, Francisco Cáceres, y el gestor político, Gerardo Cáceres.
Esta reunión fue provocada por Hernández, debido a la preocupación que le generó a los medios que ARENA perdiera la elección. En la cena, el acuerdo fue claro: generar cobertura amigable hacia el gobierno de Funes, a cambio de pauta publicitaria y protección para las empresas mediáticas.
Con el “matrimonio” FMLN-Hernández formalizado, el expresentador de noticias se convirtió en el principal gestor de la relación de medios televisivos en el país. Al punto que, iniciado el Gobierno de Funes, uno de los gestores políticos de Funes, Gerardo Cáceres, le ofreció la continuidad de la “bonificación” que recibió durante el gobierno de Saca y un trato adicional: participar de la entrega de coimas a otros periodistas.
Los archivos judiciales muestran que Hernández fue el encargado de entregar mes a mes $6,000 mensuales para el entonces editor de La Prensa Gráfica, Gabriel Trillos; $4,000 para el presentador de Canal 33, Narciso Castillo, conocido como “Nacho” Castillo. Consta en la documentación que estas entregas ocurrieron, algunas de forma presencial y otras por vía de un motorista de nombre “Don Fito”, cada mes, desde el segundo mes de gestión de Funes, hasta Septiembre del 2012, cuando Hernández dejó TCS.
La operación de pagos a periodistas durante el Gobierno de Funes fue completada por Gerardo Cáceres. Según constan en los documentos judiciales, este expresó en reuniones que entregaba mensualmente entre $3,000 y $5,000 mensuales al entonces editor de Diario El Mundo, Álvaro Cruz Rojas; entre $3,000 y $4,000 para el periodista, Lafitte Fernández; y $1,500 para el excandidato a diputado del PCN y locutor radial, Raúl Belthrán Bonilla, para que promocionara al Gobierno de Funes en su espacio radial diario.
Todos los periodistas, en general, recibían este dinero en efectivo con un solo objetivo: promover la imagen de Funes y su Gobierno desde cada uno de sus medios, y cuidar que no existieran situaciones de “crisis” para el exmandatario.
La relación de Funes con los periodistas, aunque se encontraba mediada por otras personas, también incluía reuniones periódicas. El escenario de aquellos hechos era la casa número 403 de la Colonia San Benito, un lugar privado –pagado por Casa Presidencial– desde el que se operaban todos los acuerdos políticos vinculados a la Partida Secreta de la Presidencia.
Un ejemplo de estas gestiones de “mantenimiento de imagen”, que realizaban los operadores mediáticos de Funes, según sostiene la documentación judicial, fue una llamada que realizó Jorge Hernández a periodistas de “ElFaro.Net” para solicitarles que disminuyeran la difusión del tema vinculado a la venta de frecuencias televisivas, que fue publicado en los primeros meses de Gobierno de Funes.
“Que él conocía a los periodistas, que eran prostitutas vestidas de monjas, que eran anarquistas, que hablara con Jorge para que les dijera que por algo les pagaba, que les dijera que eran empleados de él”, dijo el expresidente Funes, en ocasión de una crisis a uno de sus operadores, según consta en las actas judiciales.
Héctor Silva, de la OIE a gestor de medios
Las actas judiciales revisadas por este medio demuestran que Héctor Silva Ávalos, exjefe editorial de La Prensa Gráfica y fundador de la Revista Factum, fue un hombre de suma confianza del expresidente Funes.
Su relación laboral formal inició en 2009. En ese año, Silva le solicitó a Hugo Martínez (Ministro de Relaciones Exteriores durante los dos gobiernos del FMLN, y posterior candidato a la presidencia de la República en 2019 por el partido de farabundista), que necesitaba salir del país. Silva explicó que, debido a su entonces reciente trabajo periodístico sobre la banda Los Perrones, había sido amenazado por el cabecilla de la organización, Reinierio de Jesús Flores. Para protegerlo, el expresidente Funes accedió a darle un cargo como ministro consejero en la embajada de El Salvador en Washington. Su salida del país en aquel momento fue mediante una estrategia similar al “autoexilio” en el que, a la fecha, ahora se encuentra él y un grupo de periodistas nacionales: mostrarse como supuestos perseguidos por los temas publicados.
Los documentos judiciales señalan que la Secretaría Privada de la Presidencia le entregó $15,000 en efectivo a Silva en esa ocasión para que pudiera salir del país a su cargo en Washington.
Silva llegó al grado de confianza para ser considerado por el primer gobierno del FMLN como posible director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). En la práctica, esta institución sirvió para justificar la salida de cientos de millones de dólares en efectivo para compra de voluntades durante la administración de Funes.
La consideración de Funes sobre el nombramiento de Silva ocurrió en los últimos meses del 2011, según consta en las actas judiciales. En esas fechas, la embajada de los Estados Unidos presionó por la salida del exministro de Seguridad, Manuel Melgar, y con ello, se vio obligado a desmontar la estructura de trabajo del exfuncionario, en cuenta el exdirector de la OIE, Eduardo Linares.
Para dirigir la OIE, además de Silva, también estaba sobre la mesa la propuesta del exministro de Defensa y Seguridad, David Munguía Payés; el coronel Simón Alberto Molina Montoya; y Ricardo Perdomo. Siendo este último el seleccionado por el expresidente para asumir el cargo.
La confianza que Funes había concedido a Silva, al grado de ser una opción para asumir la dirección de la OIE, se debe a que este ya había recibido dinero en efectivo proveniente de la Partida Secreta. En concreto, ya se había involucrado en algunas operaciones de entrega de dinero en efectivo a terceros como funcionario de su gobierno en Washington (2009 – 2012). Una de estas misiones fue la entrega de dinero en efectivo para comprar a periodistas a favor del gobierno de Funes.
En marzo del 2010, el expresidente Funes viajó junto a una extensa comitiva a reunirse con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Este viaje fue acompañado por un buen número de periodistas coordinados por el exsecretario de Comunicaciones de Funes, David Rivas; Jorge Hernández y Héctor Silva.
Las actas judiciales acreditan que en dicha misión oficial fue trasladado un dinero “adicional” a los gastos de lujo normales de Funes. Miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) y empleados de Protocolo de Casa Presidencial sacaron entre $5,000 y $8,000 cada uno. Dicho dinero fue entregado en el Hotel Ritz Carlton de Washington a Héctor Silva Ávalos, para que este lo pudiera repartir entre los jefes de medios que acompañaban la visita para “negociar los titulares” de los medios escritos y la revisión puntual de los segmentos en los programas televisivos, para que la visita se mantuviera “vigente” al menos cinco días.
En dicha ocasión, a parte del reparto de dinero, Silva recibió un obsequio de $5,000 en efectivo por parte de Casa Presidencial por la labor realizada.
En 2011, aparte de haber recibido dinero en efectivo de la Partida Secreta para los viáticos de un viaje – que realizó junto al exdirector del Instituto del Seguro Social (ISSS) y el exembajador de El Salvador en Washington, Francisco Altschul– Silva fue llamado por Funes a una reunión en la que también estuvo presente la exprimera dama, Vanda Pignato, en la Residencia Presidencial.
El objetivo de aquella reunión fue negociar los “honorarios” en efectivo, provenientes de la Partida Secreta, que Silva recibiría para integrarse a una “estructura de estrategas comunicacionales” que trabajaron durante la presidencia de Funes. Silva aceptó el acuerdo, y según consta en los archivos judiciales, recibió cerca de $100,000 en efectivo los meses subsiguientes.
La cobertura de la familia Salume, una estrategia repetida
En 2009, cuando Funes se acercó a Jorge Hernández para ofrecerle la distribución de $3 millones en pauta publicitaria para su campaña, el expresidente le hizo una revelación importante. El dinero, si bien se encontraba en las cuentas del empresario Nicolas Salume, no provenía de su patrimonio. Funes había logrado que el empresario le prestara sus cuentas bancarias para alojar estos fondos, que en realidad provenían de otro lugar.
Sin embargo, ante los cuestionamientos de la época, la coartada pública de Funes siempre fue la versión Salume:
“Sencillamente fue un donativo, él lo donó. Firmé un (contrato de) mútuo, una vez gané la Presidencia (para simular la operación). Lo donó. No tengo ninguna obligación con él… No tengo que pagar ninguna deuda porque sencillamente don Nico Salume donó eso a mi campaña, pero me lo donó a mi como candidato”, dijo el expresidente Funes en una entrevista televisiva en el año 2013.
En los documentos judiciales consta que Hernández sabía que ese dinero que Funes utilizó en su campaña, y que significó el inicio de una nueva forma de “entenderse” con los medios de comunicación nacionales, provenía de otro patrimonio ajeno a Nicolás Salume.
“Don Nicolás Salume dijo públicamente que él se lo había dado, pero solo prestó el nombre. Posiblemente fue una empresa extranjera la que facilitó ese dinero… El propio Mauricio Funes dijo que era mentira que Nicolás Salume Barake le había dado el dinero, pero le había permitido utilizar su nombre”, se lee en los documentos judiciales consultados por Caja Negra.
Durante el gobierno de Funes, Salume Barake fue el primer designado a la Presidencia, mientras que su hijo, Nicolás Salume Babún, fue nombrado presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL).
Esta misma estrategia de ocultamiento de fondos junto a la familia Salume fue empleada por el periodista, Héctor Silva Ávalos, para la fundación de la Revista Factum. El medio luego de definirse como “independiente de poderes empresariales y políticos nacionales” –desde su fundación en 2014– publicó, en un reportaje, que Silva mintió, ya que sí había tenido una amplia relación con Adolfo Salume, sobrino de Nicolas Salume, para la fundación del medio digital.
“Que como parte de mi interés por el combate a la corrupción y otros delitos en 2014 contraté a Héctor Silva para fundar Revista Factum… En el 2015, decidí retirarme de Revista Factum, luego de que Héctor Silva encontrara nuevas formas de financiamiento para el sostenimiento y desarrollo de dicho medio”, señaló Adolfo Salume en un campo pagado publicado en 2019. A parte del dinero de Salume, Silva confesó ante la Revista Factum que le envió a su empleado en Diario1, Bryan Avelar, para apoyar la redacción de la Revista.
Sin embargo, Revista Factum nunca ha mostrado con pruebas documentales el origen de los fondos con los inició su proyecto mediático. Posteriormente ha justificado que ha recibido subvenciones de millonarios organismos internacionales propagadores de la agenda progresista en el mundo. Cesar Castro, director de la revista Factum –a inicios de 2025– reveló que recibían recursos la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) por medio de “organizaciones que trabajaban en pro de la transparencia” que actuaban como implementadoras de proyectos.
Las declaraciones tuvieron lugar en medio de una pausa de la ejecución de fondos de la USAID, que significó el cierre del financiamiento de diferentes oenegés y medios digitales en El Salvador. Tal crisis financiera obligó a algunos periodistas que encabezaban estas plataformas a salir del país en búsqueda de nuevos financiamientos.
